La Nación – Domingo 22 de mayo de 2016

Con referencia a la carta del presidente del Cpacf, doctor Jorge Rizzo, exponemos ante la comunidad jurídica y la sociedad toda, las siguientes cuestiones:

1) efectivamente, el extenso paro de los empleados judiciales perjudica a millones de bonaerenses, necesitados de la prestación efectiva del servicio esencial de justicia, eje central de la vida en comunidad y la paz social;

2) la medida de fuerza, tutelada constitucionalmente, está atada a un reclamo lógico salarial, pero pierde legitimidad ante los efectos que caen sobre los justiciables y los abogados bonaerenses;

3) la Caja de Previsión Social ha tomado desde principio de este mes fuertes medidas de contingencia para proteger a sus afiliados, se han suspendido todos los vencimientos de obligaciones previsionales y prestacionales, a la espera de la resolución del conflicto;

4) propuestas similares a las del doctor Rizzo han sido presentadas anteriormente en la Caja de Previsión por varios colegios departamentales de la provincia de Buenos Aires, y están en estudio. La incidencia del paro y su extensión no se soluciona con una simple reducción de la cuota anual, toda vez que los aportes por honorarios no se vinculan directamente con las horas de trabajo o el tiempo que lleva un litigio. Utilizar esa fórmula voluntarista impactaría de plano en los beneficios jubilatorios, fin último y razón de existencia del sistema;

5) de todas formas, todas las voces son escuchadas por el directorio de la institución, y todas las ideas analizadas.

En el férreo convencimiento de que la existencia y necesidad de perdurabilidad de un sistema propio de previsión -se prepara a cumplir 70 años-, que está constitucionalizado y nos garantiza a los abogados de la provincia de Buenos Aires, al tiempo de nuestra jubilación, no depender de los vaivenes económicos como los que sufren los abogados de otras jurisdicciones sujetos al régimen de autónomos, convocamos al diálogo al Gobierno y a los gremios para encontrar una pronta solución que garantice el derecho humano de acceso a la Justicia.

Daniel M. Burke, Presidente DNI 13.711.039

Alberto Biglieri, Vicepresidente DNI 16.831.487

Caja de Previsión Social para Abogados de la PBA